PROTEJA Y DEFIENDA A LOS DREAMERS

¿Qué impacto tiene el fin de DACA para los estudiantes de K a 12?

El 5 de septiembre de 2017, la administración Trump acabó con la política de acción diferida para los llegados en la infancia, conocida en inglés como DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Durante los pasados cinco años, DACA, una política legal, justa y exitosa, ha transformado las vidas de cientos de miles de jóvenes indocumentados. 

Existen muchas interrogantes, mientras se espera a que el Congreso de los Estados Unidos pueda encontrar una solución bipartidista que ayude a regularizar el estatus de los jóvenes afectados por la decisión del presidente. Existen en particular muchas preocupaciones en cuanto al impacto que el fin de DACA pueda tener en los estudiantes de los grados K a 12. 

A continuación exploramos estas preguntas. Haga click en las preguntas para seguir directamente a las respuestas:

DREAMERS

1. ¿ Cómo es la población de DACA hoy en día?

En los medios, se dice frecuentemente que los beneficiarios de DACA son estadounidenses en todo menos en papel. Es muy cierta esta aseveración. 

Hay que considerar que han pasado más de cinco años desde que se implementó DACA y que para ser elegible para esa política los solicitantes deben haber estado en los Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007. Eso quiere decir, que como mínimo, los beneficiarios de DACA han vivido en este país por diez años. 

No obstante, muchos han vivido en los Estados Unidos por mucho más tiempo. Según un estudio llevado a cabo por el Brookings Institution, dos tercios de los casi 800,000 beneficiarios de DACA llegó a los Estados Unidos antes de haber cumplido los diez años de edad. Un tercio de estos llegaron cuando tenían seis años de edad o menos.  Hoy en día, el beneficiario de DACA promedio ha vivido en los Estados Unidos por un promedio de 20 años  y tiene 24 años de edad.

No es sorprendente, que muchas cosas suceden en la vida de un individuo a través de un período de tiempo tan largo. Se crean familias y comunidades. Según una reciente encuesta sobre los beneficiarios de DACA --la más abarcadora hasta la fecha --casi el 75 % de los beneficiarios de DACA tienen un cónyuge, un hijo o un hermano estadounidense. Alrededor del 26 % de los que contestaron la encuesta tiene un hijo nacido en los Estados Unidos. 

A medida que la comunidad envejece, estos residentes que llevan tanto tiempo en el país, quienes además como lo requiere según sus criterios de elección del programa DACA se sabe que estos no han cometido ningún crimen grave, viven pacíficamente y crían a sus familias en nuestras comunidades.

Los beneficiarios de DACA también estudian en la universidad, son parte de la fuerza laboral y participan activamente en sus comunidades. Como por ejemplo, podemos ver la historia de Gilberto Sosa, quien cursa el tercer año de universidad en Arizona donde se especializa en administración de empresas y en economía, y quien es codueño de la empresa Sosa Furnishing. Su exitoso negocio de familia, que vende gabinetes y terminados en madera a clientes de la ciudad de Scottsdale y de las afueras de Phoenix,  provee empleo a varias personas de su comunidad. 

Según la encuesta, un 65 % de los beneficiarios de DACA son estudiantes, la mayoría de los cuales igual que Gilberto estudian en la universidad. Y un número considerable, el 17 % estudia grados avanzados. Según el instituto Migration Policy Institute, de los que no estudian en la universidad, el 76 % son parte de la fuerza laboral y el 6 % de los encuestados tiene su propio negocio.

DREAMERs

2. ¿Cuántos de los beneficiarios de DACA, muchos de los cuales son estudiantes, no hicieron la renovación a tiempo para poder cumplir con la fecha límite que se estableció arbitrariamente para el 5 de octubre de 2017?

En los meses justo después de la decisión de la administración de Trump de acabar con DACA, UnidosUS y otras organizaciones se enfocaron en asegurarse que la mayor cantidad de personas posibles hicieran la renovación. Según la data más reciente del gobierno, alrededor del 86 % o 133,000 de las personas elegibles hicieron la renovación. 

Por un lado, es bueno que tantos hayan llevado a cabo la renovación, pero por otro lado esto quiere decir que alrededor del 14 % o 21,000 no lo hicieron.  Los individuos que no renovaron a tiempo, lo que incluye a muchos estudiantes, van a perder las protecciones de DACA a partir del 6 de marzo de 2018 si el Congreso no hace nada para arreglar el asunto.  

Sin embargo, la triste realidad es que si el Congreso no actúa, se estima que cada día a partir del 3 de marzo, 1,400 beneficiarios de DACA perderán las protecciones que ofrecía esta política. Esto incluye a muchos estudiantes que cursan estudios universitarios y/o que trabajan ilegalmente.

3. ¿Qué sucede con los estudiantes que no habían sido elegibles para DACA porque eran demasiado jóvenes?

Cuando se anunció la creación de DACA en junio del año 2012, uno de los requisitos fue que los individuos debían tener 15 años o más para solicitar. En ese momento, se estimó que alrededor de 500,000 jóvenes todavía no eran elegibles para solicitar por ser demasiado jóvenes, pero que con el tiempo cumplirían la edad para ser elegibles para DACA. En los pasados cinco años hemos visto cómo esto ha sucedido, ya que un número significativo de jóvenes han cumplido los 15 años.

Sin embargo, hoy se estima que alrededor de 125,000 individuos que cumplieron la edad requerida no pudieron beneficiarse de la política debido a que el presidente Trump ya la había cancelado.  Desgraciadamente, en ausencia de acción por parte del Congreso, estos 125,000 estudiantes ahora no pueden solicitar al programa DACA según los términos establecidos el 5 de septiembre de 2017 cuando se llevó a cabo el  anuncio de la recisión.

DREAMERS

4. Los estudiantes de K a 12 que estaban amparados por DACA, pero que ahora enfrentan el riesgo de perder su estatus, ¿ enfrentan también la posibilidad de no poder asistir a la escuela?

La recisión de DACA de ninguna manera menoscaba o revoca los derechos legales que tienen los estudiantes indocumentados de asistir a los escuelas públicas entre los grados K y 12 libres de restricciones y de acoso. Según la decisión histórica del Tribual Supremo de los Estados Unidos del año 1982, Plyler v. Doe, se estableció que el estatus de indocumentado de un estudiante o el de sus padres o tutores legales no afecta el derecho del estudiante a recibir educación pública entre los grados K y 12. 

Esta decisión estuvo basada en la cláusula de igual protección de la Constitución de los Estados Unidos la cual garantiza que toda persona, independientemente de su estatus de inmigración tiene igual protección bajo la ley. El Tribunal elaboró sobre la naturaleza importante del derecho de cada niño a recibir una educación pública de lo grados k hasta el 12 al decir que “ al negarle a estos niños [indocumentados] una educación básica, le negamos la capacidad de vivir dentro de las estructuras de nuestras instituciones cívicas, y eliminamos cualquier posibilidad realística de que puedan contribuir hasta de la manera más mínima al progreso de nuestra Nación”. 

Todos los estudiantes, independientemente de su estatus, continúan teniendo el derecho inequívoco a una educación pública de K a 12.

5. ¿Existe alguna ley a nivel federal, incluyendo las provisiones especiales del Every Student Succeeds Act (ESSA) que proteja a estos estudiantes?

Aunque la ley ESSA no se refiere expresamente a las protecciones de los estudiantes indocumentados, sí permite a las escuelas evaluar el medioambiente que hay dentro de sus escuelas para determinar y asegurarse que todo niño tiene acceso a una escuela segura y que provee un ambiente acogedor a sus estudiantes. Además, existen otras leyes federales que protegen los derechos de los estudiantes indocumentados. 

El Título VI del Civil Rights Act de 1964 prohíbe la discriminación por parte de programas y actividades que reciben asistencia del gobierno federal, y que estén basadas en la raza, el color o el origen nacional. En este caso las reglas del Título VI prohíben que un estado o distrito tome acción alguna basándose en la raza, el color o el origen nacional, en ausencia de alguna justificación no-discriminatoria, que impida el derecho de un estudiante a tener igual acceso a la educación pública.

La ley McKinney-Vento Act también asegura el derecho a la educación de los estudiantes que no tienen un hogar.  Esto incluye a los jóvenes que no están bajo la custodia de un adulto independientemente de su estatus migratorio.

También hay leyes a nivel estatal que han surgido para proteger los derechos a la educación pública de los estudiantes entre los grados K y 12, independientemente del estatus migratorio.  El gobernador de California ha aprobado el proyecto AB-699 Educational equity: immigration and citizenship status que se convirtió en ley a partir del 5 de octubre de 2017. Esta ley aumenta las protecciones para los estudiantes indocumentados al hacer que lo oficiales de las escuelas puedan impedir que los oficiales de inmigración (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE) entren en los predios escolares sin una orden judicial válida y prohíbe a los empleados de la escuela hacer preguntas sobre el estatus migratorio tanto a los estudiantes como a sus familias.

DREAMERS

6. ¿Existen límites en cuanto a los métodos de cumplimiento que pueden utilizar las autoridades de inmigración dentro de los predios escolares?

Hay dos cuestiones fundamentales dentro de esta pregunta. La primera es si existen límites legales en cuanto a los que las autoridades de inmigración le pueden pedir a las escuelas, y la segunda es si existen límites basados en las políticas que dirigen en la actualidad cómo las autoridades de inmigración pueden llevar acabo los métodos de cumplimiento en o alrededor de las escuelas.

UnidosUS no puede ofrecer recomendaciones legales, como se menciona anteriormente. No obstante, en lo que se refiere a compartir información en el contexto de los estudiantes de K-12 una de las leyes de protección de la privacidad más estrictas de los Estados Unidos  es el Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), que en general prohíbe que se comparta información de los estudiantes y esto incluye los detalles sobre su estatus de ciudadanía. 

En lo que se refiere a llevar a cabo arrestos, igual que otras autoridades que se dedican a la implementación de la ley, los oficiales de inmigración están obligados a cumplir con la Cuarta Enmienda de la Constitución y con las decisiones del tribunal que protegen de  registros e incautaciones irrazonables.

Las autoridades de inmigración, como política, rara vez llevan a cabo sus tareas de cumplimiento en las escuelas. La norma de ICE (A 2011 Sensitive Locations policy) se refiere a los lugares que pueden ser considerados como sensitivos, que continúa en efecto hoy en día, clasifica a las escuelas como un lugar sensitivo y sugiere que las acciones para hacer cumplir las leyes de inmigración se lleven a cabo en lugares sensitivos solamente en circunstancias limitadas y que por lo general se deben evitar.  Si se va a llevar a cabo una acción de cumplimiento de las leyes migratorias en un lugar que se considera sensitivo, primero se ha de obtener el permiso de un supervisor.

7. ¿Hay algo que las escuelas puedan o deban hacer para ayudar a los estudiantes indocumentados durante esta época de tanta incertidumbre?

Las escuelas están en una posición única para convertirse en líderes en el proceso de fomentar la confianza dentro de la comunidad y a la misma vez crear espacios seguros para los niños y para sus familias. Estos son algunos esfuerzos que pueden llevar a cabo las escuelas para ayudar a fomentar un mayor sentido de comunidad: 

  • En primer lugar, los líderes de las escuelas deben publicar cuáles son los principios en los que se basa la escuela, lo que debe incluir una aclaración de los procedimientos y las políticas que se llevarán a cabo en el caso que haya un encuentro con las autoridades de inmigración. La asociación conocida en inglés como el National Education Association ha publicado en ejemplo de resoluciones las cuales se pueden utilizar para comenzar a redactar estos principios. 
  • En segundo lugar, las escuelas deben proveer entrenamiento para reafirmar y reeducar a los líderes escolares, a los maestros y a los demás oficiales de las escuelas sobre los derechos a la educación que tienen los niños, independientemente del estatus migratorio que tengan. Estos entrenamientos deben enfatizar los derechos de los estudiantes establecidos por FERPA, por la jurisprudencia Plyler v. Doe, por el Título VI del Civil Rights Act de 1964 y cualquier legislación estatal que pueda ser relevante.
  • En tercer lugar, las escuelas deben seguir sirviendo como un centro de recursos en el cual se pueda encontrar información sobre los derechos que otorga la ley y de cuáles son las obligaciones. Existen muchos recursos disponibles para conocer más sobre los derechos de los individuos.
  • Por último, las escuelas deben llevar a cabo sesiones junto a proveedores de servicios legales de la comunidad con el propósito de ayudar a los niños y a sus familias a determinar si existen maneras disponibles según las leyes migratorias para ayudarles a resolver sus casos.